Entra en vigor la reforma del Código Penal relativa a delitos contra los derechos de los trabajadores.

Este 12 de enero de 2023 ha entrado en vigor la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, por la que se modifican distintos aspectos relevantes del Código Penal, armonizándose con la legislación comunitaria y del resto de Estados miembros en materias de especial relevancia.

Entre los aspectos más importantes de la nueva Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, por la que se trasponen distintas directivas europeas, destaca en materia laboral la modificación del artículo 311 del Código Penal, el primero del Título relativo a delitos contra los derechos de los trabajadores. 

Con esta reforma, se castiga con penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses a quien “impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”. De esta forma, la contratación irregular utilizando la figura de los “falsos autónomos” o mediante modalidades abusivas (como puede ser mediante jornada parcial ficticia u obligando a realizas horas extras ilegales) no sólo conllevaría sanciones en el orden administrativo (Inspección de Trabajo y Seguridad Social), sino que también se considera un ilícito penal con penas de prisión.

Según la propia Exposición de motivos de la Ley Orgánica, esta reforma no sólo pretende la protección de las condiciones mínimas exigibles e irrenunciables de la contratación laboral en abstracto, sino que especialmente en el ámbito tecnológico, en el que ha proliferado la figura de los falsos trabajadores por cuenta ajena con una relación laboral encubierta. Por otro lado, pretende garantizar la efectividad del ordenamiento jurídico laboral y de su sistema de control administrativo ante incumplimientos del mismo en detrimento de los derechos, individuales y colectivos, de los trabajadores.

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