Prescripción de la acción de daños contra las empresas sancionadas por cárteles por la Comisión Nacional de la Competencia

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  1. Régimen de prescripción de las acciones de reclamación de daños causados por infracciones del Derecho de la competencia.

Con anterioridad al Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo, por la que se traspone en España la Directiva 2014/104/UE, el plazo de prescripción era el general previsto en el Código Civil para las acciones de responsabilidad extracontractual en el artículo 1968.2º: un año “desde que lo supo el agraviado”.

La brevedad de este plazo de prescripción se ve corregida con la posibilidad de interrumpir dicho plazo y con una interpretación restrictiva de la prescripción a fin de no menoscabar el derecho del perjudicado a obtener una compensación, de modo que el cómputo del plazo (dies a quo) no comienza si el perjudicado no ha conocido la existencia y alcance del daño.

En nuestro caso, para las acciones de responsabilidad por daños extracontractuales, el dies a quo es subjetivo, y depende del momento en que el potencial reclamante tiene conocimiento de los elementos necesarios (infracción, daño y causa) para la interposición de la acción.

La existencia de infracción y la fecha de esta son insuficientes a los efectos del inicio del cómputo del plazo si el perjudicado no tiene información suficiente para determinar el alcance del perjuicio sufrido (STS de 4 de septiembre de 2013, Energya VM Gestión (Céntrica) v. Iberdrola, MP I Sancho Gargallo, ECLI:ES:TS:2013:4739).

Por tanto, aunque el derecho a compensación surge en el momento en que se produce un daño derivado de una infracción, que es el momento del nacimiento de su derecho, las reglas en materia de prescripción sólo operan desde el momento en que ese daño y otros elementos necesarios para la interposición de la reclamación son conocidos por el reclamante.

En efecto, aunque de acuerdo con el art. 1089 del Código Civil el derecho a la indemnización de las potenciales víctimas nacería en el momento en que se realiza la conducta anticompetitiva causante del daño, en el caso de los daños derivados de infracciones anticompetitivas, el cómputo de la prescripción sólo comienza con el conocimiento del daño.

Sin embargo, el problema que suscitan los daños causados por los cárteles es que esas conductas no son conocidas por las víctimas, con lo que se ignoran y pasan desapercibidas hasta que existe un pronunciamiento de una autoridad de defensa de la competencia, debiendo entender en estos casos que el plazo de prescripción sólo empieza a contar, al menos, cuando se hace pública y declara la decisión de la autoridad de defensa de la competencia.

Por tanto, dado que en los casos de cárteles la intervención de la autoridad de defensa de la competencia es esencial para que haya conocimiento de la infracción y del subsiguiente daño, sólo desde que la autoridad de defensa de la competencia se ha pronunciado y se conoce la declaración de la infracción por la autoridad podrá existir el conocimiento referido en el art. 1968.2º del CC, y sólo entonces podrá plantearse el inicio del cómputo del plazo de prescripción.

También adopta esta misma línea el Abogado General, Athanasios Rantos, en sus conclusiones presentadas el 28 de octubre de 2021 en el asunto C-267/2020 (AB Volvo, DAF TRUCKS NV contra RM) relativo a la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de León sobre diversas cuestiones relativas al ámbito temporal de la Directiva 2014/104/UE, cuando afirma que:

“En efecto, en el marco de las acciones de responsabilidad del tipo «follow-on», la situación jurídica de la parte perjudicada no solo está vinculada a, sino que depende intrínsecamente de la declaración de existencia de la infracción por una autoridad de la competencia, que constituye una fase previa primordial para que aquella pueda ejercer su derecho a obtener un resarcimiento”.

En definitiva, la expresión “desde que lo supo el agraviado” debe interpretarse partiendo del criterio general de que el perjudicado ha de tener un conocimiento cabal del perjuicio sufrido para formular una reclamación de indemnización de daños y perjuicios.

2. El régimen de prescripción tras la Directiva.

Como decíamos antes, el Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo modifica el régimen de prescripción de las acciones que las víctimas pueden ejercitar contra los infractores del Derecho de competencia para reclamarles los daños y perjuicios que dicha infracción cause (nuevo art. 74 de la LDC). El nuevo régimen amplía el plazo de prescripción a cinco años, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.3 Directiva 2014/104/UE, que expresamente dice: “Los Estados miembros velarán por que el plazo para el ejercicio de una acción por daños sea de al menos cinco años”.

Asimismo, introduce normas específicas sobre el inicio del cómputo del plazo y la interrupción del mismo en caso de que una autoridad de defensa de la competencia intervenga. El art. 74.2 LDC fija el dies a quo“en el momento en el que hubiera cesado la infracción del Derecho de la competencia y el demandante tenga conocimiento o haya podido razonablemente tener conocimiento de las siguientes circunstancias: a) La conducta y el hecho de que sea constitutiva de una infracción del Derecho de la competencia; b) el perjuicio ocasionado por la citada infracción; y c) la identidad del infractor”.

Además, el artículo 74.3 LDC establece una regla especial para las acciones follow-on, conforme a la cual el inicio de una investigación o de un procedimiento sancionador por una autoridad de competencia interrumpe el plazo de prescripción hasta un año después de que concluya la intervención de la autoridad (mediante una resolución que sea firme o se concluya el procedimiento de otra forma).

Finalmente, para dar cumplimiento al mandato del artículo 18.1 de la Directiva, se introduce una regla especial que interrumpe el plazo de prescripción para favorecer la negociación y el acuerdo extrajudicial de compensación de daños entre las víctimas y los infractores (art. 74.1 LDC).

3. El Derecho aplicable en materia de prescripción en las reclamaciones de daños causados por el cártel de petroleras.

LÉBEQ Abogados va a iniciar una reclamación contra los principales productores de combustible en España, en concreto, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Cepsa Estaciones de Servicio S.A. y BP Oil España S.A., empresas sancionadas por la Comisión Nacional de la Competencia (actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -CNMC-) en virtud de sucesivas resoluciones.

La última de ellas, con fecha 18 de diciembre de 2020, en la que se multa a Repsol al considerar que sigue incumpliendo con las exigencias impuestas en dos expedientes sancionadores previos de 2009 y 2013, por lo que sólo a partir de esa fecha podemos plantearnos el inicio del cómputo del plazo de prescripción.

En este sentido, es cierto que el Abogado General en sus conclusiones de 28 de octubre de 2021 (que, dicho sea de paso, son una propuesta, por lo que no vinculan al Tribunal de Justicia) confirma la irretroactividad del artículo 10.3 Directiva 2014/104/UE al considerarla una disposición sustantiva, en atención a lo previsto en el artículo 22.1 del mismo texto legal.

Sin embargo, y al margen del discutible carácter sustantivo del citado precepto, debemos afirmar que en todo caso la aplicación del nuevo plazo de prescripción de cinco años previsto en el art. 74.1 LDC a una situación como la nuestra no supone una aplicación retroactiva de la normativa de transposición.

En efecto, el nuevo plazo de prescripción resultante de la implementación de la Directiva puede aplicarse a reclamaciones que hayan surgido de hechos constitutivos de responsabilidad anteriores a la entrada en vigor de la normativa nacional de transposición.

En estas situaciones, el hecho relevante (la expiración del plazo de prescripción), a diferencia de los hechos ilícitos que originan la responsabilidad del causante del daño como son la fijación de precios por parte de las petroleras, todavía no se ha completado cuando entra en vigor la normativa nacional de transposición.

Así, la aplicación del nuevo plazo de prescripción a una acción de daños como la que pretendemos ejercitar y que aún no estaba prescrita en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo, no implica la aplicación de esta nueva norma a una situación fáctica sucedida en el pasado, sino a una situación en curso y, por lo tanto, no puede considerarse un supuesto de aplicación “retroactiva” en el sentido del artículo 22.1 de la Directiva.

En todo caso, debemos tener en cuenta que el considerando 69 de las conclusiones del Abogado General, para establecer la aplicación “ratione temporis”, se refiere además de a hechos a sanciones, por lo que en nuestro caso al haberse dictado resoluciones sancionadoras de la CNCM con posterioridad a junio de 2017, resultaría igualmente de aplicación el nuevo plazo de prescripción.

Por último, al no haber cesado la conducta del actor principal (pues la CNMC ha constatado que la producción del daño, esto es, la fijación de precios, sigue produciéndose), el cómputo del plazo de prescripción no puede haber comenzado, de modo que aun cuando los tribunales optasen por la aplicación del régimen anterior a junio de 2017, es decir, el artículo 1968.2º del Código Civil, la acción también seguiría vigente.

En definitiva, una vez más no vemos riesgo de prescripción de la acción toda vez que debe aplicarse el plazo de cinco años previsto en el artículo 74 de la LDC a contar desde que tuvimos conocimiento del daño (resoluciones sucesivas de la CNMC), sin perjuicio de que además estamos ante una conducta que continúa produciéndose por las compañías sancionadas.

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