El Tribunal Constitucional cierra la puerta a reclamar la devolución de la plusvalía si no se impugnó antes del 26 de octubre

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El Tribunal Constitucional (TC) adelantó el pasado 26 de octubre la sentencia en el que declaraba la inconstitucionalidad y nulidad del sistema de cálculo de la base imponible del impuesto de plusvalía municipal. Considera contrarias a la Norma Fundamental y, por tanto, nulas las reglas de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que hasta ahora se han aplicado en las liquidaciones del impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

En concreto anuló aquellos preceptos del impuesto que permitía a los ayuntamientos determinar que cuando una persona o una empresa vendía un bien inmueble (una vivienda, un local comercial, una nave industrial o un suelo) siempre se producía una revalorización de estos bienes s durante el periodo de imposición, con independencia de que en la práctica se hubiera producido dicha revalorización y de su cuantía real. En este sentido el Tribunal Constitucional entiende que «aunque la cuota no sea superior a la plusvalía realmente obtenida, sí resulta excesiva o exagerada y podría lesionar el principio de no confiscatoriedad».

¿Tiene la sentencia carácter retroativo?

No. El Tribunal Constitucional ha aclarado que el impuesto de plusvalía municipal que cuente con una «resolución administrativa o sentencia firme» no podrá ser reclamado, una situación que afecta a la inmensa mayoría de contribuyentes.

Rechaza de esta forma que se pueda reclamar con efecto retroactivo, por lo que la anulación del cálculo del impuesto excluye a las cantidades económicas abonadas por particulares y empresas, liquidadas o juzgadas, y a las que no han sido denunciadas. En concreto el TC ha declarado la intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la sentencia, es decir, quienes hayan pagado la plusvalía y no hayan formulado ningún tipo de reclamación o recurso no se verán beneficiados por el fallo.

De este modo, «no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma (23 de octubre 2021), hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme». 

En concreto, señala que «a estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada a dicha fecha». 

Así, impide que sean revisados no solo los casos ya juzgados sino las liquidaciones provisionales o definitivas que no hubieran sido impugnadas a la fecha de publicación de la sentencia ni las autoliquidaciones que no hayan sido solicitadas previamente.

En cambio, la nulidad sí afectará a aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de la publicación de la sentencia del TC, estén pendientes de ser decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa.

El fallo de inconstitucionalidad y la imposibilidad de aplicar la plusvalía afectará a todas las situaciones futuras a partir de la fecha de la sentencia del Constitucional.

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