Particulares y empresas pendientes de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional que acaba con el impuesto de la plusvalía

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Particulares y empresas están pendientes de la sentencia definitiva que en los próximos días debe publicar el Tribunal Constitucional sobre la situación final del impuesto de la plusvalía municipal que aplican los ayuntamientos en las operaciones de compra venta de bienes inmuebles, así como en las herencias y en las donaciones.  

El TC ha anunciado la anulación de este impuesto, aunque el contenido de la sentencia aún no se conoce de forma completa. Por ello se está sucediendo las consultas en nuestro despacho LÉBEQ Abogados.

El objetivo es conocer los efectos de esta próxima sentencia del Tribunal Constitucional y sus consecuencias sobre un impuesto que grava la venta de viviendas, oficinas, naves logísticas e industriales, locales comerciales y un largo etcétera de bienes inmuebles, excepto los terrenos rústicos—, pero también las herencias y las donaciones de este tipo de activos.

El TC ha declarado inconstitucional el método de cálculo de la base imponible de este tributo que venían aplicando los ayuntamientos. Este método establecía que todos los bienes inmuebles tenían  una revalorización que se apoyaba en conceptos como el valor catastral -que siempre está muy alejado de la realidad inmobiliaria o de los precios de mercado- o simplemente el paso del tiempo.

Por ello el impuesto contemplaba un sistema de cálculo fijo para establecer este aumento. Todo ello sin analizar o tener en cuenta si el bien inmueble que se vende, se hereda o se dona ha perdido valor o si lo que se ha revalorizado se corresponde o no con el cálculo que hace el Ayuntamiento en cada caso concreto. Solo hay que comprobar la situación que vivieron muchas empresas y particulares que con en plena crisis inmobiliaria tuvieron que vender activos inmuebles por debajo del precio de compra, a pesar de lo cual tuvieron que afrontar el pago del impuesto de la plusvalía.

El anuncio del contenido de la sentencia, aunque ha generado un gran revuelo por los efectos que tiene para la recaudación de los ayuntamientos, no es ninguna sorpresa. Más bien es una llamada de atención al Gobierno y al legislador, ya que en 2017 el Tribunal Constitucional ya estableció que el impuesto de plusvalía era inconstitucional en aquellos casos en los que se acreditarse por parte del contribuyente que no se había generado plusvalía. El TC instó por ello a un cambio en la norma que regula la liquidación de este impuesto que no se ha producido.

Desde que se conoció el adelanto del sentido de la decisión del Constitucional se ha especulado sobre si la sentencia puede suponer para los particulares y empresas que hayan pagado la plusvalía en los últimos años poder recuperar el dinero abonado. En estos momentos es necesario esperar a conocer el contenido completo de la sentencia del TC.

Parece probable que la sentencia permita a aquellos particulares y empresas que tengan este impuesto recurrido en estos momentos poder recuperar el dinero. Otros plazos que abarquen por ejemplo las autoliquidaciones de los últimos cuatro años presentan más dudas hasta que se pueda analizar la sentencia de forma íntegra, aunque parece evidente que este asunto está llamado a generar otro frente de litigiosidad entre particulares, empresas y ayuntamientos.

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