El fin de la incapacitacion judicial. Acerca de la Ley 8/2021

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La Convención de Nueva York del año 2006 introdujo la semilla del cambio de paradigma que ha supuesto en nuestro derecho la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica que entró en vigor el pasado 3 de septiembre de 2o21.

El cambio radica en la concepción de la capacidad jurídica de la persona como un ámbito que no puede ser restringido, lo que acaba con la concepción que hasta ahora se tenía de la llamada capacidad de obrar de la persona como distinta a la capacidad jurídica.

Como era de suponer, dicha Ley ha supuesto un importante cambio normativo, con un notable impacto en el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre otras disposiciones. Lo más característico de las modificaciones es que están orientadas a respetar la voluntad de la persona necesitada de medidas de apoyo basándose en el principio de la proporcionalidad de éstas. Y, quizás, lo más llamativo es la desaparición de la incapacitación judicial de las personas y la consecuente desaparición de la figura de tutor del incapacitado.

Se ha convertido en un “lugar común” el de que la nueva situación de la persona que precise medidas de apoyo se configure como un “traje a medida” para ésta, traduciéndose en la potenciación de los poderes preventivos ante Notario, y en el de las figuras del guardador de hecho, el defensor judicial y el curador.

Todas estas figuras estarán encargadas de llevar a cabo la colaboración que fuere necesaria para la efectiva asistencia que la persona necesitada de las medidas pudiere precisar para el ejercicio de su voluntad sin que ésta, salvo en casos muy extremos, pueda ser sustituida por la de la persona nombrada para prestar el apoyo.

Las modificaciones introducidas por la Ley 8/2021 suponen un importante reto de adaptación a todos los agentes jurídicos y especialmente a los abogados, encargados de canalizar las necesidades de sus clientes en un procedimiento más alejado de los Tribunales y más cercano al respeto a la voluntad de las personas con alguna discapacidad que pueda implicar la necesidad de adopción de medidas de apoyo.

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